Actuales operadores de telefonía móvil (Movistar, Entel y Claro) rechazan la iniciativa; VTR y Nextel la respaldan.

José Troncoso Ostornol.- La Cámara de Diputados aprobó ayer el polémico artículo que obligaría a las empresas de telefonía celular a compartir sus torres para que la competencia pueda instalar sus antenas, lo que se conoce como colocalización.

La iniciativa -que ya fue despachada al Senado- tendría efecto retroactivo; es decir, obligaría a las empresas de telecomunicaciones a compartir sus torres ya construidas.

Este artículo en particular ha generado una fuerte disputa entre los actuales operadores de telefonía móvil (Movistar, Entel PCS y Claro, que la rechazan) y las compañías que ingresarán al mercado hacia finales de este año (VTR y Nextel).

"El artículo de colocalización aprobado (...) será muy positivo. Ello, porque permitirá aprovechar infraestructura de servicio público ya existente, aminorando los efectos urbanísticos de nuevas redes y aumentando la competencia en beneficio de los millones de consumidores, a la vez que, gracias a un adecuado mecanismo de compensaciones resguarda las inversiones ya realizadas", dijo Miguel Oyonarte, vicepresidente de Asuntos legales y Regulatorios de Nextel.

Visión contrapuesta a la de la empresa Claro, que tacha la iniciativa de insconstitucional.

"Nosotros no hemos tenido ningún tipo de privilegio. Tuvimos que instalar toda nuestra red sin que existiese la colocalización retroactiva y obligatoria. Nosotros tuvimos que instalar nuestra red como todos los demás operadores y no tuvimos ningún tipo de privilegio y consideramos que esto es un verdadero privilegio para los entrantes", dijo Ricardo Gabauer, gerente Legal y Asuntos Corporativos de la mexicana Claro.

Esta última firma encargó un estudio a Barros & Errázuriz, en el cual se afirma que la colocalización atenta contra el derecho de propiedad de los dueños de las torres. Además, incumpliría el Tratado de Libre Comercio entre Chile y México.

Impacto urbanístico

El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados otorga atribuciones a los municipios para autorizar la instalación de torres, con lo cual se abre espacio a la participación de los vecinos.

La iniciativa prohíbe la instalación de torres en zonas típicas, en monumentos históricos y en inmuebles de conservación histórica, al interior de colegios, salas cunas, jardines infantiles, hospitales, clínicas, consultorios y en sitios que deslinden en al menos 20 metros con estos lugares.